Ciberseguridad en Perú: alerta de la PCM a entidades públicas

Ilustración de ciberseguridad con laptop, escudo digital, servidores y referencias al Estado peruano

La seguridad digital requiere sistemas actualizados, prevención y una respuesta oportuna ante las amenazas.

La seguridad digital volvió a ocupar un lugar importante en la agenda tecnológica del Perú. El 26 de octubre de 2026 se informó que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mediante el Centro Nacional de Seguridad Digital (CNSD), había alertado a 1.510 entidades públicas sobre dos vulnerabilidades informáticas que afectan a PHP, una tecnología utilizada en numerosas páginas web y plataformas digitales.

La advertencia no es un asunto exclusivo de especialistas en informática. Cuando una plataforma presenta fallas de seguridad, la información que administra y los servicios que ofrece pueden quedar expuestos. Por eso, mantener los sistemas actualizados es una tarea que también tiene consecuencias para los ciudadanos.

¿Qué ocurrió y por qué importa?

Según la información difundida, las vulnerabilidades fueron identificadas con los códigos CVE-2026-109618 y CVE-2026-109619. Ambas afectan a PHP, un lenguaje de programación empleado para desarrollar y mantener numerosos sitios web y sistemas digitales.

Una vulnerabilidad es una debilidad en un programa que, bajo determinadas condiciones, puede ser aprovechada por una persona no autorizada. En este caso, las fallas podrían facilitar el acceso a información confidencial o afectar el funcionamiento de los sistemas informáticos.

El CNSD comunicó la alerta el 21 de octubre a aproximadamente 2.400 responsables de seguridad y tecnología de 1.510 entidades públicas. Entre los destinatarios se encontraban Oficiales de Seguridad y Confianza Digital, equipos de respuesta ante incidentes informáticos y responsables de tecnologías de la información.

El dato clave: la alerta no significa que todas las entidades notificadas hayan sufrido un ataque. Significa que deben comprobar si sus sistemas están expuestos y tomar las medidas necesarias para reducir el riesgo.

Actualizar los sistemas también es prevenir

Una de las principales recomendaciones fue instalar los parches de seguridad publicados para corregir las vulnerabilidades. En términos sencillos, un parche es una actualización que corrige un error o una debilidad del software.

Sin embargo, actualizar no consiste únicamente en presionar un botón. Las instituciones necesitan identificar qué aplicaciones utilizan las versiones afectadas, evaluar sus sistemas, aplicar las correcciones de manera controlada y verificar que los servicios sigan funcionando correctamente.

La PCM también informó que se evalúan los servicios digitales del Estado para identificar sistemas expuestos, comunicar los riesgos a las entidades responsables y brindar asistencia técnica a instituciones de los tres niveles de gobierno, con especial atención a aquellas que utilizan tecnologías antiguas o desactualizadas.

Este trabajo es importante porque una institución puede tener herramientas digitales modernas para el ciudadano y, al mismo tiempo, mantener componentes tecnológicos que requieren mantenimiento o actualización. La seguridad debe abarcar toda la infraestructura que permite prestar el servicio.

¿Qué deberían hacer las entidades públicas?

La alerta permite recordar algunas acciones básicas que deberían formar parte de una gestión permanente de la seguridad digital:

  • Identificar los sistemas expuestos. Conocer qué páginas, aplicaciones y servicios utilizan PHP y comprobar si emplean versiones vulnerables.
  • Instalar las actualizaciones. Aplicar los parches correspondientes siguiendo procedimientos técnicos que reduzcan el riesgo de interrupciones.
  • Revisar las plataformas antiguas. Los sistemas que ya no reciben mantenimiento requieren especial atención y, cuando corresponda, un plan de actualización o reemplazo.
  • Fortalecer la vigilancia. Supervisar los servicios conectados a internet y revisar indicios de actividad inusual.
  • Prepararse para responder. Ante indicios de un ataque, activar los protocolos institucionales, preservar las evidencias digitales y reportar el incidente al Centro Nacional de Seguridad Digital.

Estas medidas no eliminan todos los riesgos, pero ayudan a reducir las oportunidades de explotación y a responder con mayor rapidez cuando se detecta un problema.

La ciberseguridad también es una responsabilidad de gestión

En mi opinión, este tipo de alertas demuestra que la transformación digital del Estado no puede medirse solamente por la cantidad de trámites que se realizan por internet o por las nuevas plataformas que se ponen en funcionamiento. También debe evaluarse por la capacidad de las instituciones para proteger la información, mantener sus sistemas operativos y responder ante las amenazas.

La tecnología avanza y las amenazas también. Por eso, la ciberseguridad necesita planificación, presupuesto, personal preparado y coordinación entre las áreas técnicas y los responsables de la gestión institucional. No debería tratarse como una tarea que se atiende únicamente cuando aparece una emergencia.

La alerta de la PCM es una medida preventiva importante. El siguiente paso es que cada entidad verifique su situación, aplique las correcciones necesarias y mantenga una vigilancia continua. La eficacia de una alerta se demuestra, finalmente, en las acciones que se adoptan para proteger los servicios y los datos.

La idea central: proteger los sistemas informáticos no es solo una obligación técnica. Es parte de la responsabilidad del Estado de cuidar la información de las personas y garantizar la continuidad de los servicios digitales.

FUENTES

  • Agencia Andina: PCM activa medidas para proteger datos de ciudadanos ante fallas informáticas globales.
  • Diario Oficial El Peruano: alerta por fallas informáticas globales y medidas preventivas de la PCM.
  • Centro Nacional de Seguridad Digital: alertas y recomendaciones de seguridad digital.
  • PHP: sitio oficial del proyecto y sus actualizaciones.

Artículo de divulgación y opinión elaborado a partir de información pública difundida el 26 de octubre de 2026. Las recomendaciones generales no sustituyen la evaluación técnica de cada sistema.