La interoperabilidad permite que las entidades públicas intercambien información para facilitar los servicios y trámites de los ciudadanos.
Cuando una persona realiza un trámite ante el Estado, es frecuente que deba presentar documentos, proporcionar información personal o acudir a distintas instituciones para completar un procedimiento. Sin embargo, buena parte de esos datos ya se encuentra en poder de alguna entidad pública.
¿Por qué el ciudadano tiene que volver a entregar información que el propio Estado ya posee? Una de las respuestas está en la interoperabilidad: la capacidad de las instituciones públicas para intercambiar información de manera segura mediante sus sistemas informáticos.
En el Perú, este proceso registra avances importantes. De acuerdo con los indicadores oficiales de transformación digital, la Plataforma Nacional de Interoperabilidad (PIDE) superó los 851 millones de transacciones hasta julio de 2026. Una cifra que muestra la magnitud del intercambio de información entre las entidades públicas, aunque todavía plantea un desafío: convertir esa capacidad tecnológica en trámites más sencillos y mejores servicios para la población.
¿Qué es la interoperabilidad y por qué importa?
La interoperabilidad es la capacidad de diferentes organizaciones y sistemas informáticos para intercambiar información y utilizarla de manera coordinada. En el sector público, permite que una institución consulte información de otra cuando la necesita para cumplir sus funciones y prestar un servicio.
Por ejemplo, imaginemos que una persona realiza un procedimiento ante una entidad pública y necesita acreditar determinada información que ya figura en los registros de otra institución. Si ambos sistemas están conectados y existe una base legal para el intercambio, la entidad puede consultar los datos directamente, en lugar de exigir que el ciudadano consiga y presente nuevamente el documento.
Esto puede reducir desplazamientos, tiempos de espera, costos y requisitos innecesarios. También permite que las instituciones trabajen con información más consistente y actualizada.
En términos sencillos: la interoperabilidad busca que las instituciones públicas compartan información entre sí, en lugar de trasladar al ciudadano la responsabilidad de llevar documentos de una oficina a otra.
La Plataforma de Interoperabilidad del Estado: el sistema que conecta a las instituciones
El principal mecanismo para facilitar este intercambio es la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE), una infraestructura tecnológica administrada por la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.
La plataforma permite que los sistemas informáticos de distintas entidades intercambien información mediante servicios digitales. De esta manera, una institución puede consultar datos que otra pone a disposición, siempre dentro de las condiciones técnicas y legales correspondientes.
Un aspecto importante es que la PIDE no constituye una base de datos centralizada que almacena toda la información de las entidades. Su función es facilitar el intercambio entre los sistemas que participan en la plataforma.
La infraestructura fue inaugurada en octubre de 2011 y forma parte de los componentes tecnológicos que permiten avanzar hacia un Estado más conectado. Su desarrollo se enmarca en la Ley de Gobierno Digital y en las disposiciones que regulan el intercambio de información entre las entidades públicas.
¿Cuánto ha avanzado el Perú?
Los indicadores publicados por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital permiten observar la dimensión que ha alcanzado este mecanismo.
+851 millones
Transacciones realizadas mediante la PIDE hasta julio de 2026
223
Entidades que consumen servicios de la plataforma, según el reporte oficial
Estas cifras muestran que el intercambio electrónico de información ya forma parte del funcionamiento de numerosas instituciones públicas. No se trata únicamente de una iniciativa tecnológica, sino de una infraestructura que permite conectar procesos administrativos y servicios digitales.
Sin embargo, el número de transacciones no permite conocer, por sí solo, cuánto tiempo ahorran los ciudadanos, cuántos requisitos se han eliminado o qué trámites han mejorado. Para evaluar el impacto real también es necesario observar los resultados que experimentan las personas y las empresas al relacionarse con el Estado.
¿Cómo puede beneficiar al ciudadano?
El valor de la interoperabilidad se entiende mejor cuando se observa su posible aplicación en situaciones cotidianas.
Menos documentos para realizar trámites
Si una entidad necesita verificar información que ya se encuentra registrada en otra institución, puede consultar esos datos mediante los servicios de interoperabilidad, cuando corresponda legalmente. Esto contribuye a evitar que el ciudadano tenga que conseguir y presentar documentos que el Estado ya tiene.
Procesos administrativos más rápidos
El intercambio electrónico puede reducir las comunicaciones manuales entre instituciones y facilitar la verificación de información. Esto permite agilizar determinadas etapas de un procedimiento administrativo.
Mejor coordinación entre entidades
La interoperabilidad facilita que las instituciones compartan información para atender situaciones que requieren la participación de más de una entidad. También puede mejorar la coordinación en la prestación de servicios públicos.
Servicios digitales más integrados
Cuando los sistemas están conectados, es posible desarrollar servicios que integren información de distintas instituciones. El objetivo es que el ciudadano encuentre una atención más sencilla, sin tener que conocer necesariamente cómo está organizado el Estado.
El siguiente paso: una mejor gestión de los datos públicos
La conexión entre sistemas es una condición necesaria, pero no suficiente. Para que la interoperabilidad funcione correctamente, las entidades también necesitan organizar, proteger, actualizar y administrar adecuadamente la información que producen y utilizan.
En esa dirección, la Presidencia del Consejo de Ministros aprobó en febrero de 2026 la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos 2026-2030, mediante la Resolución Ministerial N.° 049-2026-PCM.
Esta estrategia busca fortalecer la gestión de la información pública, establecer criterios de gobernanza de datos y facilitar su uso seguro y coordinado en las instituciones. Entre sus medidas se contempla que cada entidad apruebe un Plan de Acción de Gobierno de Datos, designe un Oficial de Gobierno de Datos y registre sus avances en la Plataforma de Cumplimiento Digital.
La iniciativa reconoce que los datos son un activo estratégico del Estado. Su adecuada administración puede contribuir a reducir la fragmentación de la información, mejorar la toma de decisiones y facilitar la prestación de servicios públicos.
Los desafíos para construir un Estado realmente conectado
A pesar de los avances, todavía existen retos importantes para que la interoperabilidad produzca beneficios más visibles en todo el país.
1. Reducir las brechas tecnológicas. No todas las instituciones tienen el mismo nivel de infraestructura, conectividad, personal especializado o capacidad para integrar sus sistemas. Esta diferencia puede limitar la incorporación de entidades, especialmente en los ámbitos regional y local.
2. Mejorar la calidad de la información. Intercambiar datos no garantiza que sean correctos. Es necesario mantener registros actualizados, evitar duplicidades y establecer responsabilidades sobre la calidad de la información.
3. Proteger los datos personales. El intercambio de información debe respetar las normas de protección de datos personales y las medidas de seguridad digital. La interoperabilidad no significa que cualquier institución pueda acceder libremente a toda la información de una persona.
4. Simplificar los procedimientos. Digitalizar un trámite no necesariamente significa mejorarlo. Si un procedimiento sigue exigiendo los mismos documentos, pasos y validaciones innecesarias, simplemente se habrá trasladado la burocracia al entorno digital.
5. Medir los resultados para la ciudadanía. Además de contabilizar transacciones y entidades conectadas, es importante conocer cuánto tiempo se ahorra, qué requisitos se eliminan y cómo mejora la experiencia de los usuarios.
¿El Perú está avanzando hacia un Estado sin papeles?
La interoperabilidad es una de las bases para construir servicios públicos digitales más integrados. Sin ella, cada institución puede terminar funcionando como un sistema aislado, obligando al ciudadano a realizar gestiones que podrían resolverse mediante el intercambio de información.
Los más de 851 millones de transacciones registradas por la PIDE representan un avance relevante en la conexión tecnológica del Estado peruano. Pero el verdadero resultado de la transformación digital no debería medirse únicamente por la cantidad de operaciones realizadas, sino por la capacidad de las instituciones para resolver las necesidades de las personas de manera más rápida, sencilla y segura.
El desafío ahora es cerrar las brechas entre entidades, mejorar la gestión de los datos y convertir la infraestructura digital en servicios públicos que realmente faciliten la vida de los ciudadanos.
- PCM – Indicadores de Gobierno y Transformación Digital.
- PCM – Guía sobre interoperabilidad para la digitalización.
- PCM – Estrategia Nacional de Gobierno de Datos 2026-2030.
- Diario Oficial El Peruano – Resolución Ministerial N.° 049-2026-PCM.
- Diario Oficial El Peruano – Decreto Legislativo N.° 1412, Ley de Gobierno Digital.
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