Oficial de Inteligencia Artificial en el Perú: funciones y responsabilidades

Oficial de Inteligencia Artificial en las entidades públicas del Perú y gobierno digital

La incorporación de un Oficial de Inteligencia Artificial busca ordenar y promover el uso responsable de esta tecnología en el Estado.

La inteligencia artificial empieza a ocupar un lugar cada vez más importante en la gestión pública. Desde la automatización de tareas administrativas hasta el análisis de información y la mejora de los servicios al ciudadano, esta tecnología abre nuevas posibilidades para las entidades del Estado. Sin embargo, también plantea desafíos relacionados con la seguridad, la privacidad, la transparencia y el uso responsable de los sistemas.

En ese contexto, el Perú ha establecido la figura del Oficial de Inteligencia Artificial (OIA), un responsable que tendrá a su cargo impulsar, coordinar y supervisar la incorporación de esta tecnología en las entidades públicas.

La medida se formalizó mediante la Resolución de Secretaría de Gobierno y Transformación Digital N.° 004-2026-PCM/SGTD, que aprobó la Directiva N.° 002-2026-PCM/SGTD. La disposición establece las funciones, el perfil y las responsabilidades que deberán considerarse para implementar este nuevo rol.

¿Qué cambia?
Las entidades públicas deberán contar con un responsable que articule las iniciativas de inteligencia artificial, promueva su uso seguro y supervise que los sistemas se implementen de acuerdo con las disposiciones vigentes.

¿Qué es el Oficial de Inteligencia Artificial?

El Oficial de Inteligencia Artificial es el responsable de impulsar y coordinar la gestión de la inteligencia artificial dentro de una entidad pública. Su labor comprende identificar oportunidades para incorporar esta tecnología, promover proyectos institucionales y vigilar que su utilización responda a criterios de seguridad, confianza, protección de datos y responsabilidad.

Este rol no implica necesariamente crear una nueva oficina o incorporar un puesto adicional en la estructura orgánica de cada institución. La directiva contempla que la responsabilidad pueda ser asumida por un funcionario o servidor público de la entidad, de acuerdo con las condiciones y el perfil establecidos.

Además, el Oficial de IA se integra al Comité de Gobierno y Transformación Digital de la entidad, con voz y voto, y mantiene coordinación con la máxima autoridad administrativa.

Principales funciones

De acuerdo con los lineamientos aprobados, el Oficial de IA tendrá, entre otras, las siguientes responsabilidades:

◎
Identificar oportunidades de uso de la IA en los procesos y servicios de la entidad.
▤
Planificar y gestionar proyectos de IA, coordinando con las áreas técnicas y de negocio.
✓
Evaluar y gestionar riesgos, incluidos aspectos de seguridad, sesgos, privacidad y uso ético.
♟
Promover capacidades del personal y una cultura de uso responsable de la IA.
▥
Monitorear resultados y reportar los avances a la alta dirección.

Estas responsabilidades buscan que la inteligencia artificial no se incorpore como una iniciativa aislada de un área tecnológica, sino como parte de una gestión institucional planificada y supervisada.

¿Qué perfil deberá cumplir?

La directiva establece requisitos de formación y experiencia para el ejercicio de esta responsabilidad. El perfil considera conocimientos vinculados con tecnologías de información, gestión de datos, seguridad digital, inteligencia artificial y transformación digital, además de comprensión del sector y de las funciones de la entidad.

Entre las condiciones previstas se encuentran:

1
Formación profesional: contar con grado académico de bachiller registrado en SUNEDU.
2
Especialización: capacitación en inteligencia artificial de al menos 40 horas académicas, salvo la alternativa prevista para quienes cuenten con estudios de maestría en áreas relacionadas.
3
Experiencia: cuatro años de experiencia general y tres años de experiencia específica en materias relacionadas con el ámbito digital y tecnológico.
4
Conocimientos: gobierno digital, protección de datos personales, seguridad digital, regulación de inteligencia artificial y estándares relacionados con su gestión.

También se consideran condiciones de idoneidad ética y conocimiento de la misión y las actividades de la entidad. Los requisitos deben revisarse directamente en el artículo 9 de la directiva, que contiene el perfil establecido para esta función.

Un instrumento para planificar el uso de la IA

Una de las responsabilidades relevantes del Oficial de IA será impulsar la elaboración del Plan de Acción de Inteligencia Artificial (PAIA). Este instrumento permitirá organizar las iniciativas de la entidad, establecer prioridades y orientar la implementación de soluciones basadas en esta tecnología.

El plan deberá articularse con los instrumentos de gobierno y transformación digital de la institución. De esta manera, los proyectos de inteligencia artificial podrán responder a necesidades concretas y no solamente a la disponibilidad de nuevas herramientas tecnológicas.

Un aspecto importante: antes de poner en funcionamiento un sistema de inteligencia artificial, la entidad debe considerar los riesgos que puede generar, la información que utiliza, la protección de los datos personales y los mecanismos de supervisión humana que correspondan.

¿Cómo podría beneficiar a los ciudadanos?

La incorporación de inteligencia artificial en el Estado puede contribuir a mejorar la atención y optimizar los procesos internos. Su utilidad dependerá de que las entidades identifiquen correctamente los problemas que necesitan resolver y evalúen los resultados de cada implementación.

Algunos ámbitos en los que estas herramientas podrían aportar valor son:

◉
Atención al ciudadano: asistentes virtuales que orienten sobre trámites, requisitos y servicios públicos.
▤
Gestión documental: clasificación de documentos, búsqueda de información y apoyo en tareas administrativas.
▥
Análisis de información: identificación de patrones y apoyo a la toma de decisiones basadas en datos.
✓
Detección de irregularidades: identificación de comportamientos atípicos que puedan requerir revisión por parte de los equipos responsables.

Estas aplicaciones son ejemplos de posibles usos. No significa que todas las entidades deban implementar las mismas soluciones ni que un sistema de IA pueda sustituir automáticamente la evaluación y responsabilidad de los servidores públicos.

Relación con la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial

La creación de esta figura también se vincula con la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2026-2030, aprobada mediante la Resolución Ministerial N.° 152-2026-PCM.

Esta estrategia establece una orientación nacional para promover el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en el país. En el ámbito público, el fortalecimiento de capacidades institucionales y la gestión responsable de esta tecnología son elementos importantes para avanzar hacia servicios más eficientes y una transformación digital sostenible.

En ese escenario, el Oficial de IA puede convertirse en un articulador entre las áreas de tecnología, las unidades usuarias, los responsables de seguridad digital y quienes tienen a su cargo la protección de datos personales.

¿Cuándo deberán implementar esta función las entidades públicas?

La directiva establece plazos para la designación del Oficial de Inteligencia Artificial, los cuales varían según el tipo de entidad pública. Por ello, no corresponde asumir que todas las instituciones tienen un único plazo general para realizar la designación.

Asimismo, es importante distinguir esos plazos de la exigibilidad de los requisitos del perfil previstos en el artículo 9. La disposición complementaria final establece que dichos requisitos serán exigibles a los doce meses de la entrada en vigor de la directiva.

Fecha clave: la Resolución de Secretaría de Gobierno y Transformación Digital N.° 004-2026-PCM/SGTD fue publicada el 21 de octubre de 2026 y entró en vigor al día siguiente, el 22 de octubre de 2026. En consecuencia, la exigibilidad del perfil del artículo 9 se produce una vez transcurridos los doce meses previstos en la directiva.

Las entidades deben revisar las disposiciones y plazos que les correspondan de acuerdo con su naturaleza y nivel de gobierno, así como las responsabilidades asignadas a sus autoridades administrativas.

El reto: pasar de la regulación a resultados concretos

La designación de un Oficial de Inteligencia Artificial constituye un avance para ordenar el uso de esta tecnología en las instituciones públicas. Sin embargo, su efectividad dependerá de las condiciones que cada entidad pueda ofrecer para desarrollar esta función.

Entre los principales desafíos estarán la disponibilidad de personal especializado, la calidad de los datos, la coordinación entre áreas, la identificación de proyectos prioritarios y la asignación de recursos para implementar soluciones que realmente mejoren los servicios públicos.

También será necesario evitar que la inteligencia artificial se utilice sin una evaluación previa de sus riesgos o que las decisiones automatizadas afecten los derechos de las personas sin mecanismos adecuados de supervisión y revisión.

El desafío para el Estado peruano no consiste únicamente en incorporar herramientas de inteligencia artificial, sino en utilizarlas de manera responsable, transparente y orientada a resolver problemas concretos de los ciudadanos.

La clave estará en la implementación. El Oficial de Inteligencia Artificial puede ayudar a que las entidades públicas pasen de iniciativas aisladas a una gestión institucional de esta tecnología, con objetivos definidos, evaluación de riesgos y resultados que puedan medirse.

Fuentes:

  • Resolución de Secretaría de Gobierno y Transformación Digital N.° 004-2026-PCM/SGTD. Aprueba la Directiva N.° 002-2026-PCM/SGTD. Consultar y descargar la directiva completa.
  • Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2026-2030. Presidencia del Consejo de Ministros. Consultar documento.
  • Resolución Ministerial N.° 152-2026-PCM. Aprueba la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2026-2030. Consultar norma.